Nos jugamos nuestro futuro.

Durante los últimos días, con motivo de la inminente proclamación de Felipe VI, he tenido ocasión y he disfrutado leyendo excelentes artículos, que muestran la opinión de distintos expertos y catedráticos en Derecho Constitucional, sobre lo conveniente y necesario que resultaría reformar la Constitución, como se ha hecho en otros países europeos.

No puedo mostrarme más de acuerdo con ellos. No entiendo el temor y recelo de algunos a esa necesaria reforma. Nuestra Carta Magna y su legislación deberían adaptarse a la España de hoy, para cumplir mejor con su función. No se trata de cuestionarla cada dos por tres, y modificarla al antojo de unos u otros, pero sí de dar un paso adelante y afrontar de una vez cuestiones, entre otras, como la Corona, el Senado, el Sistema Electoral, las Comunidades Autónomas y el Modelo Autonómico.

Creo que si todos los sectores políticos y sociales pensaran siempre en el interés general, y no en el de unos pocos privilegiados se generaría mucha más unidad, estabilidad y convivencia. El continuado incumplimiento de la mayoría de las promesas electorales ha generado una ciudadanía defraudada, desencantada e indignada.

El futuro monarca debe tomar buena nota de todo esto también. En mi opinión tendrá que ganarse con sutiliza y neutralidad el puesto día a día. Demostrando que sabe lo que le ocurre a la gente, lo que sucede en la calle. Y que está de parte de una España moderna generadora de bienestar, libertad, justicia y credibilidad exterior.

Estoy totalmente de acuerdo, e invitaría a Felipe VI a que propiciara y exigiera siempre el diálogo entre los diferentes partidos. Y que reflexionara sobre algunas de las opiniones que he ido recogiendo estos días, de destacados representantes de diferentes instituciones.

Miguel Ángel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, señala que “en España se le da muy poca importancia a la participación ciudadana, desde el punto de vista de influir en política. En otros países a través de una propuesta ciudadana, se pueden llegar a debatir en el Parlamento problemas candentes en la sociedad y en el día a día, y su posible solución en el Congreso modificando o creando una ley”.

Afirma Xavier Arbos, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, que “existen muchas dificultades a la hora de llegar a acuerdos porque el acto político está cada vez más roto, ideológicamente hablando. Existe una miopía política entre los dirigentes que impiden debatir sobre cosas que llevan candentes mucho tiempo. Los políticos tienen mucho miedo y no les interesa que los ciudadanos puedan decir sí o no”.

Lo que necesitamos, explica María Teresa Sáez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, “es que haya continuidad entre los proyectos iniciados por un gobierno y los del siguiente para que no se vuelva a rehacer lo anterior y perder así el dinero invertido. La Constitución no tiene por qué ser atacada porque es aceptable, lo que sí debería cambiarse es la legislación posterior que se ha desbocado obligándonos ahora a replantearnos muchas de las competencias”.

Comenta Antonio Torres del Moral, catedrático en Derecho Constitucional de la UNED, que “la ley electoral sigue en pie a pesar de las inexactitudes ya que tiene mala solución si no se reforma la Constitución. A los dos grandes partidos no les interesa cambiar un sistema electoral que claramente les beneficia”.

Hace hincapié Josep Redorta, abogado y árbitro del Tribunal Laboral de Cataluña, en “la falta de capacidad de diálogo de este país. Somos incapaces de sentarnos a hablar sobre las cuestiones importantes. La revisión de los marcos jurídicos es fundamental para la convivencia y para que todos los españoles se sientan cómodos”.

Señala Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho Constitucional, que “sólo hemos tenido dos reformas en más de 30 años, y casi de tapadillo. Puede entenderse como justificación que nuestra Carta Magna se redactó en circunstancias muy complicadas. Pero esto hoy no tiene ya sentido. Envejece y no se hace nada”.

Defiende María Moretó, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales, que “un 37% de la población quiere acabar con las autonomías o reducir sus competencias. La causa de esta situación no es la Constitución, sino la legislación que se está aprobando y que va en contra de ciertos derechos. Si en lugar de que cada gobierno tirase para su lado poniendo de manifiesto sus intereses partidistas, hubiesen cerrado grandes pactos de Estado sobre algunos pilares fundamentales, nos ahorraría mucho dinero despilfarrado”.

Todas estas opiniones y daría para mucho más, ponen en evidencia que nos encontramos en un momento crucial, en el desarrollo político de este país. En el que todos, desde la clase política pero especialmente desde todos los sectores sociales, no podemos permanecer impasibles porque nos estamos jugando nuestro futuro. 
Con Monarquía o con República lo que necesitamos realmente es una regeneración democrática urgente.